Un par de artículos que hablan de cifras y problemas de refinanciación de deuda con los bancos:

• Los bancos europeos incrementan más de lo previsto sus restricciones a la concesión de préstamos
• Los mejores bancos y la peor financiación de pymes

En mi opinión el aumento de la deuda pública nos ha dejado una segunda ola de falta de liquidez, siempre teniendo en cuenta que la crisis continúa y la refinanciación está al orden del día.

Hemos desarrollado durante un tiempo la adaptación de la aplicación de RRHH para el IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials) y una de las partes más visibles ha sido el portal del personal, que ya ha sido presentado oficialmente (català). Ha sido un proyecto interesante realizado con las últimas tecnologías de desarrollo de software web y utilizando algunos trucos para integrarse con la nómina y el sistema de autenticación de usuarios.

Cito textualmente de “Expansión“:

El Pleno del Senado ha aprobado la reforma de la Ley de Morosidad, en contra de la opinión del PSOE. Tal y cómo viene publicando Expansión, la nueva norma instaura unos plazos de pago máximos obligatorios de 30 días en el sector público y de 60 días para empresas. Esta ley tiene que pasar por el Congreso para su ratificación final. Aunque se prohibirá pactar entre las partes para dilatar ese plazo, para facilitar la adaptación a esta nueva situación, se permitirá una reducción escalonada de los plazos, hasta el punto de no retorno de 2013.

 Otra de las modificaciones más llamativas de la reforma de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales es la obligación de estipular en las cuentas anuales el plazo medio de pago a los proveedores.

 Esta imposición supondrá que cualquiera podrá saber fácilmente si la empresa con la que va a contratar cumple los plazos de pago que estipula la ley o si, por el contrario, es morosa.

Mi opinión sobre el tema: Creo que tanto la administración pública como el sector privado no podrán cumplirla, en parte porque ya no se cumplen los plazos estipulados cuando no hay pacto entre las partes determinados en la actual Ley.